
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, inició este jueves su tramo definitivo en el Congreso.
La iniciativa corre contra el calendario: el 4 de noviembre vence la vigencia de la Ley de Orden Público, sobre la que se apoya la prórroga de las facultades del Estado. La discusión en la plenaria del Senado quedó fijada para este viernes 30 de octubre.
El texto, que ya fue aprobado en comisiones primeras conjuntas, llega a las plenarias con 29 artículos y cambios de fondo. La vigencia de la ley pasó de diez a cuatro años, para ajustarse al periodo constitucional en curso.
En lavado de activos, el tiempo mínimo de reclusión efectiva subió de uno a tres años antes de acceder a libertad condicional. Los cabecillas deberán pagar al menos diez años de prisión y solo podrán recibir rebajas de hasta el 30 %, mientras que mandos medios e integrantes rasos podrán obtener reducciones de hasta el 50 %.
Quienes sean responsables directos de reclutamiento ilícito de menores quedan excluidos de los beneficios procesales expeditos.
Foto: El Nuevo Siglo